Política social, familia y personas con discapacidad en México

El presente estudio tiene como objetivo mostrar, a través de la revisión documental y bibliográfica, algunos retos que enfrenta actualmente el proceso de inclusión social de las personas con discapacidad, considerando la perspectiva de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el estudio se destaca la situación actual del Estado de Bienestar mexicano, con una tendencia a la residualización y un carácter dual, que complejiza la adopción de la perspectiva de los derechos humanos y su cumplimiento. Desde esta política social, las dificultades para poder realizar la inclusión social de este sector de la población son enfrentadas prácticamente por la familia, cuya transformación actual, principalmente el ingreso de la mujer al trabajo extra doméstico, tiene repercusiones importantes en el sistema de cuidado, en el que se incluye a las personas con discapacidad, generando con ello, nuevos riesgos sociales.

Palabras Clave: Personas con Discapacidad, Política Social, Familia, Transformaciones familiares, Derechos Humanos.

Introducción

En las últimas décadas, tal como lo señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “se ha ido comprendiendo, cada vez con más claridad en todo el mundo, que ya no es aceptable negar a 650 millones de personas con discapacidad sus derechos humanos” (ONU, 2007, p. III), y es así como se han tomado diversas iniciativas tanto a nivel internacional, como a nivel nacional, para atender esta problemática. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) es una propuesta de las Naciones Unidas, que generó la reacción de la comunidad internacional de manera positiva ante el reconocimiento de una historia de discriminación, exclusión y deshumanización de las personas con discapacidad₁. 

En el presente texto se retoma la definición que ofrece la citada Convención en el Artículo 1 sobre las personas con discapacidad: “las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás” (ONU, 2006).

Dicha Convención, es el resultado de años de esfuerzo y negociaciones en las que han participado la sociedad civil, los gobiernos, las instituciones nacionales de derechos humanos y diversas organizaciones internacionales (ONU, 2007).

Así bien, el estudio sobre la inclusión social de las personas con discapacidad, ha ido tomando forma en las distintas naciones. Para el caso de México es importante destacar que existen pocos documentos que den cuenta del estudio de las problemáticas sociales de este sector de la población, a pesar del reconocimiento que se manifiesta en su reciente normativa, donde la inclusión social de este sector de la población es una prioridad y lo ha manifestado, incluso a nivel internacional, al haber ratificado₂ la mencionada Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Con estos antecedentes, se pretende aportar al conocimiento y mostrar a través de la revisión documental y bibliográfica, algunos retos que enfrenta el proceso de inclusión social de las personas con discapacidad desde la perspectiva de la Convención, considerando la tipología de los Estados de bienestar. Con base en este contexto, se presentan a un nivel particular, las características actuales del Estado de bienestar mexicano, así como las transformaciones familiares y la crisis de cuidados que se manifiesta en nuestra sociedad y que influye en el proceso de inclusión social de las personas con discapacidad.

En la primera parte del documento se muestran los tipos de Estado de bienestar con base a la tipología de Esping-Andersen (2000b).

El segundo apartado retoma la tipología planteada e identifica la situación actual del estado de bienestar mexicano y el impacto en el proceso de inclusión social de las personas con discapacidad.

En un tercer momento se hace referencia a las transformaciones que actualmente caracterizan a las familias mexicanas, las repercusiones en el sistema de cuidados, y el impacto en el proceso de inclusión social de las personas con discapacidad en el contexto del actual régimen de bienestar mexicano.

¹  “El Artículo 1 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad declara que el propósito de la Convención es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente” (ONU, 2006).

²  “La ratificación obliga jurídicamente al Estado a aplicar la Convención y/o el Protocolo facultativo, sin perjuicio de reservas, entendimientos y declaraciones válidos” (Organización de las Naciones Unidas, 2007, p. 47).

1. Regímenes de Bienestar

Definición de Estado de bienestar

A fin de poder avanzar, es preciso definir el Estado de bienestar, ya que se pueden presentar algunas confusiones con los conceptos de regímenes de bienestar y política social.

El Estado de bienestar según Montagut, es “una forma de organizar la vida social, política y económica en las democracias capitalistas” (2000, p. 44). Como definición de política social propone: 

La política social entendida como una actuación del gobierno en un determinado campo, es sin duda, un ámbito de la política económica. De esta forma nos situamos en un punto central: la relación entre la política social y la economía. La imposibilidad de establecer fronteras inequívocas debido a los estrechos vínculos que unen los dos ámbitos sitúa este problema en el campo de las relaciones y conflictos. Debemos recordar que tanto desde el pensamiento liberal —con Adam Smith— como desde posiciones críticas —a partir de Karl Marx—, el ámbito económico ocupa un papel central en las relacione sociales (…) los objetivos últimos de la política social son la cobertura de las necesidades y la reducción de tensiones sociales (Montagut, 2000, p. 20-23).

En el caso de las personas con discapacidad, una política social a favor de ellas puede o no venir del Estado, mientras que para el Estado de bienestar la única forma de poder incluir a las personas con discapacidad será a través de políticas sociales, que, como se puede suponer, incluyen aspectos tanto políticos como económicos.

Otro autor que contribuye a la conceptualización es EspingAndersen, él plantea “que el igualitarismo es una consecuencia de lo que es —y ha sido siempre— el principal objetivo subyacente a la política social; a saber: asegurar la población contra los riesgos sociales” (2000b, p. 49). 

Para definir el Estado de bienestar que surgió después de la Segunda Guerra Mundial como un nuevo compromiso entre el estado y la sociedad, Esping-Andersen se basa en Marshall: “Tal como señala T.H. Marshall (1950), esto implicaba el reconocimiento de los derechos sociales de los ciudadanos y la promesa de acotar las divisiones de clase” (Esping-Andersen, 2000b, p. 52).

Las definiciones de ambos autores prácticamente coinciden tanto para el concepto de Estado de bienestar como para el de política social. Faltaría aclarar la diferencia con los regímenes de bienestar.

El proceso de consolidación del Estado de bienestar trajo nuevas posibilidades de inclusión. Sin embargo, conforme se fueron aplicando los lineamientos del Estado de bienestar, los países manifestaron diferentes tendencias en cuanto a la manera de atender los riesgos sociales; de ahí surge el término de regímenes de bienestar, “como la forma conjunta e interdependiente en que se produce y distribuye el bienestar por parte del estado, el mercado y la familia” (Esping-Andersen, 2000b, p. 52). 

Desde la perspectiva que ofrece Esping-Andersen (2000b), existen tres tipos de regímenes de bienestar: cuando en un Estado de bienestar la tendencia para asumir los riesgos sociales se ha apoyado más en la familia que en el mercado o en el Estado, se ha denominado como un régimen conservador; cuando la tendencia se ha ido hacia el mercado, más que en la familia o el Estado, el régimen se denomina liberal, y cuando la tendencia se ha cargado más en el Estado, que en la familia y el mercado, se ha denominado régimen socialdemócrata.

Sin embargo, el mismo autor considera que es prácticamente imposible encontrar un mismo tipo de Estado de bienestar en dos países diferentes. Los matices que presentan cada uno, van dando por resultado diferentes tendencias. Con base en estas tendencias o semejanzas se permite realizar la tipología. 

2. El estado de bienestar mexicano e inclusión laboral de las personas con discapacidad

En este apartado se retoma la tipología planteada para mostrar la situación actual del Estado de bienestar mexicano, sus características y las posibilidades de inclusión de las personas con discapacidad.

Como se mencionó anteriormente, la tipología propuesta es una generalización que puede acercarse a los diferentes Estados Nación, sin embargo cado uno posee características propias. 

En México se ha retomado esta tipología y se han realizado investigaciones que permiten ubicar las características del Estado de bienestar mexicano. Carlos Barba (2004), a través de un recorrido histórico, permite ubicar el surgimiento de los rasgos más importantes que han marcado a los Estados de bienestar en América Latina y más concretamente el caso mexicano. Las evidencias que encuentra en su estudio confirman la existencia de tres tipos de regímenes de Estado de bienestar en América Latina, los que ha denominado como “universalistas”, “duales” y “excluyentes”.

Los regímenes universalistas se caracterizan por su expansión gradual y universalizadora, como la vinculación de la protección social al mercado laboral formal, se ha observado, a partir de ellos, mayor cobertura del seguro social y de los sistemas educativos, menores niveles de pobreza en general, los menores índices de concentración del ingreso, los indicadores más bajos en materia de precariedad laboral. Los países que se pueden ubicar en este tipo de régimen serían Argentina, Chile, Uruguay y Costa Rica.

Los regímenes duales incluyen a países como México, Brasil, Colombia y Venezuela y los excluyentes comprenden a la mayoría de los países de América Central con la excepción de Costa Rica y Panamá, así como a países de América del Sur como Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay.

Las características de estos dos tipos de regímenes, de acuerdo con Barba (2004) abarcan un descenso gradual de los indicadores mencionados, así como de los niveles de gasto social, de la cobertura de seguridad social, de los servicios educativos y de salud preventiva, del grado de desmercantilización del bienestar social y un aumento de la heterogeneidad etno-cultural del carácter regresivo de los sistemas de protección social y del grado de informalidad de los mercados laborales.

Estas características tienden a manifestarse de manera dual privilegiando a la población urbana, organizada y excluyendo al resto de la población. En el caso mexicano se puede observar que en los orígenes del Estado de bienestar mexicano existe una marcada “herencia de un orden autoritario y corporativo, legitimado a través de la manipulación ideológica de su origen revolucionario, de la escatología cristalizada en la Constitución del 17 y de la intervención paternalista del Estado a cambio de lealtad política y subordinación social” (Barba, 2004, p. 27).

Durante el período de los gobiernos de la revolución hubo una disyuntiva entre lograr un crecimiento económico o redistribuir la riqueza, pero a partir del gobierno de Miguel Alemán la tendencia se cargó hacia el crecimiento bajo el supuesto de que el desarrollo industrial crearía suficientes empleos, ampliaría el mercado interno, mejoraría la distribución del ingreso e integraría a la población marginada y en situación de pobreza.

Durante cierto período no hubo evidencias de alguna problemática hasta la década de los setentas, que marcaba que el sistema de sustitución de importaciones no producía de manera automática ni desarrollo social, ni equidad, ni un crecimiento equilibrado. Se desplegó un sistema de bienestar concebido como un mecanismo complementario que corrigiese las deficiencias del modelo de sustitución de importaciones.

De esta manera las instituciones de bienestar que se implementaron, respondieron a una doble racionalidad que articulaba los siguientes puntos:

• Prácticas e instituciones políticas autoritarias
• Servicios sociales de corte universal
• Instituciones de seguridad social excluyentes
• Instituciones asistenciales que ofrecían derechos sociales a sus beneficiarios
• Programas para enfrentar la pobreza que están desconectados del modelo de acumulación y programas de apoyo a estrategias familiares androcéntricas en el campo y en la ciudad (Barba, 2004, p. 30).

Estas características permanecieron hasta la década de los ochentas, tras la crisis de 1982 cuando se orientan las medidas económicas hacia las exportaciones, donde se hace un giro importante en cuanto a la intervención del Estado más restringida. “De ahí que se presenta un desplazamiento de las previsiones que antiguamente proveía el Estado hacia las personas, las familias y las redes sociales para satisfacer la necesidad de la protección social” (Ordaz, Monroy & López, 2010, p. 108).

Las preocupaciones se centraron en otros objetivos: en la búsqueda de la estabilidad macroeconómica, el proceso de privatización de los activos estatales y la apertura comercial. 

A partir de los años ochenta se ha venido desarrollando un proceso de reforma social que ha tendido hacia la residualización, en términos de Esping-Andersen, del régimen de bienestar mexicano, sin embargo no se puede decir que el sistema de instituciones de bienestar haya cambiado totalmente su orientación, como tampoco lo hizo de manera radical el régimen de acumulación. 

Al cerrar el siglo XX y abrir el XXI la política social mexicana debe considerarse como altamente fragmentada en transición entre el viejo paradigma latinoamericano de bienestar y el paradigma residual, tecnocrático y deslocalizado, en consecuencia, se puede afirmar que la reforma del régimen de bienestar mexicano ha profundizado su carácter fractal (…) Los enfoques de la nueva política social no contribuyen a resolver los problemas de la exclusión social que históricamente han caracterizado al régimen de bienestar mexicano (Barba, 2004, p. 38). 

Las características del Estado de bienestar mexicano, actualmente con su deslizamiento hacia una política social residual, han desplazado paulatinamente al Estado, lo cual ha implicado que la familia sea el soporte de la tríada entre el Estado y el Mercado, asumiendo las responsabilidades que anteriormente proveía el Estado. 

Las características actuales de la familia, complejizan la problemática: 

La familia está por un lado sobrecargada de responsabilidades (aquellas que el Estado ha abandonado), y por otro, despojada de condiciones sociales y económicas que les permitan afrontar sus viejas y nuevas responsabilidades (productos de las políticas de ajuste económico), lo que produce una precarización en sus niveles de bienestar y un deterioro en su salud emocional (Ordóñez, et al., 2010, p. 109).

Específicamente en el caso de las personas con discapacidad, las familias con un integrante con discapacidad en México enfrentan una doble presión, por un lado, un  régimen de bienestar que estructuralmente no le favorece, y por otro, el peso y el costo que pueda generarle la responsabilidad de la inclusión de este sector de la población. 

Las medidas tomadas no han sido elaboradas ni para resolver los viejos problemas de exclusión social ligados a los esquemas de operación de las instituciones de bienestar, ni para reducir los graves déficits de ciudadanía y derechos sociales que han caracterizado al régimen de bienestar mexicano (Barba, 2004, p. 39)

Ante ello, es difícil suponer que bajo estas condiciones del Estado de bienestar mexicano, se pueda llevar a cabo el proceso de inclusión social de las personas con discapacidad en nuestro país.

Las condiciones estructurales del país no son propicias para que se puedan implementar estrategias desde una perspectiva de derechos, pues esto no es posible ante unas características “alejadas de una visión universalista definida: nos encontramos con servicios sociales segmentados y desiguales provistos para sólo una parte de los ciudadanos, financiados por contribuciones y por todos los ciudadanos, en una sociedad profundamente desigual” (Valencia, y Foust, 2010, p. 11).

En la actualidad, México se ubica ante una disyuntiva: por un lado, mientras se tienda hacia una mayor residualización como política social, menores serán las probabilidades de la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y con ello, el avance en el proceso de inclusión social de este sector de la población. Y, por otro, mientras más se tienda hacia el universalismo como política social y se extienda la cobertura de los servicios sociales, mayores serán las posibilidades de inclusión de las personas con discapacidad. Sin embargo, esta posibilidad dependerá a su vez de que sea una política social universalista transversalizada por la perspectiva de la discapacidad, a fin de que realmente pueda proveer de servicios sociales a las personas con discapacidad y propiciar con ello, el avance hacia el proceso de inclusión social. 

A esta compleja situación cabría añadir la posibilidad de problematizar la situación de la familia en México y su capacidad de respuesta ante esta responsabilidad con las personas con discapacidad. Para ello, se podrían formular algunas cuestiones: ¿cuáles son las características actuales de la familia?, ¿de qué manera impactan las transformaciones actuales de la familia en el proceso de inclusión de las personas con discapacidad?, ¿cuáles son las características del sistema de cuidados actuales en nuestra sociedad?, ¿qué implicaciones tiene para las personas con discapacidad la precarización de los cuidados? Estas son algunas de las preguntas que se abordan en el siguiente punto, con el fin de analizar la situación actual de las familias y el impacto al asimilar la responsabilidad de los riesgos sociales, particularmente, ante la discapacidad.

3. Transformaciones de la familia, el cuidado y repercusiones en el proceso de inclusión social de las personas con discapacidad

Actualmente, la familia en el contexto latinoamericano y mexicano ha presentado diversas transformaciones generadas por factores de diversa índole, entre otros, se pueden encontrar aspectos macroeconómicos, sociales, demográficos y culturales. El presente apartado pretende mostrar estas transformaciones y algunas reflexiones sobre las implicaciones que estas características actuales de la familia han tenido en el sistema de cuidados, lo que implica el surgimiento de nuevos riesgos sociales y la poca posibilidad de asumirlos por parte de la familia. En el centro se coloca la perspectiva de la discapacidad y el impacto en el proceso de inclusión social que estos riesgos implican.

Situación actual del concepto de familia

Como punto de partida, se presenta la situación que guarda el concepto de familia atendiendo a las distintas maneras de definirla, por lo tanto de abordarla y explicarla. Echarri (2009) presenta un breve estado de la cuestión en cuanto a los estudios sobre la familia y destaca los distintos enfoques que hasta ahora se pueden encontrar, entre otros, hace referencia a las visiones evolutivas basadas en el pensamiento durkheimiano, las visiones normativas, las nociones sistémicas, sociobiológicas, antropológicas, históricas, desde la economía política o sociodemográficas. Junto a esta variedad de enfoques también se encuentran una variedad de conceptos interrelacionados que pueden prestarse a confusión con el concepto de familia, como es el concepto de hogar, unidad doméstica o de residencia.

En aquellos estudios en los que se define la familia, se encuentra una diversidad de elementos constitutivos, como podría ser: un conjunto de relaciones normativas, lazos de sangre, matrimonio (Chant, 2007). Institución social anclada en necesidades de base biológica que comparte un espacio social, con relaciones de parentesco, conyugalidad y pater/maternalidad, microcosmos de relaciones de producción, reproducción y distribución, con su propia estructura de poder, con intereses propios y colectivos, relacionada con la reproducción biológica y social, parte orgánica de los procesos sociales más amplios (Jelin, 2007). Institución social básica que está relacionada a los valores culturales, procesos políticos, económicos e históricos, como institución interrelacionada en la sociedad, que cumple funciones de apoyo social y protección frente a las crisis económicas, desempleo, enfermedad, y muerte, es un capital social que funciona como recurso estratégico ante la limitada cobertura social de algunos países, que la pone como única institución de protección social (Comisión Económica para América Latina, 2005).

Esta amplia y diversa variedad de elementos que intervienen en la familia, dan cuenta de una heterogeneidad en las aproximaciones conceptuales y la importancia y la necesidad de explicitar las discusiones y debates que hay entre las distintas aproximaciones. 

Se aprecia también, en los estudios consultados, una tendencia a observar los procesos de transformación de la familia a través de estudios más de tipo cuantitativo que de tipo cualitativo; estudios más enfocados a analizar las trasformaciones que provocan las estructuras sobre la familia, que las trasformaciones al interior de la familia y sus formas de reaccionar o retroalimentar la estructura. Otras limitaciones también las expresa a su manera Esteinou: “La estructura familiar, es solo un elemento que nos informa acerca de las formas que asume la familia y sus patrones de formación. Para poder tener un panorama más completo es necesario incluir los rasgos de las otras dos dimensiones analíticas, la de las relaciones familiares internas y la de las relaciones de parentela” (2008, p. 219).

El concepto de familia, a pesar de ubicarse como central en los estudios, en realidad parece no significar tanto, ya que lo esencial recae en el concepto de hogar como unidad de análisis. La familia se aborda y se conoce a través de los hogares, es decir, de estudios sociodemográficos o a partir de los datos que arrojan las encuestas; el análisis de las familias debería suponer además un acercamiento sociocultural para dar cuenta de los sistemas de parentesco, las dinámicas familiares, los roles de género, así como factores generacionales, entre otros. De ahí que no se encuentra la suficiente coherencia en cuanto al diseño de las políticas públicas dirigidas a la familia, a partir de un sujeto poco conocido. Pareciera como si el conocer el comportamiento y las transformaciones de los hogares fuera suficiente para conocer el comportamiento y las transformaciones familiares, cuando en realidad son cuestiones de distinta naturaleza. Sin embargo, aún con estas limitantes conceptuales, que hacen un llamado a la profundización teórica, se puede tomar a la familia, como punto de partida para abordar el siguiente tema.

Transformaciones familiares en la sociedad mexicana

Se considera que es importante observar las recientes transformaciones que presenta la familia, a fin de poder mostrar que el régimen de bienestar mexicano responde de manera limitada a la cobertura de los riesgos sociales, lo cual representa una sobrecarga a esta misma, especialmente en aquellas en las que se tienen integrantes con discapacidad.

En las recientes investigaciones, tanto Echarri (2009) como Esteinou (2008), retoman la tipología de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (2005), para estudiar las transformaciones familiares a través de los hogares desde distintos rubros en las últimas décadas. Se presentan datos importantes en este sentido. 

A nivel de la estructura familiar, se muestra que ha habido una disminución de las familias nucleares y aumento en la familia extensa. Para el caso de México, de acuerdo a los datos del 2000 retomados de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Esteinou (2008) plantea que la estructura nuclear sigue siendo mayoritaria, aunque muestra una tendencia hacia la baja, mientras que la familia extensa manifiesta un aumento. De la misma manera han aumentado los hogares unipersonales, situación que coincide con lo planteado por Chant (2007). Estas transformaciones pueden deberse según Esteinou (2008), a diversos factores económicos y culturales que se traducen en alguna medida en el aumento de los divorcios o separaciones.

Otro de los elementos de cambio importante en la estructura nuclear conyugal es que han aumentado los hogares con dobles perceptores. El ingreso de la mujer al trabajo es uno de los elementos que más se ha abordado por los autores, situación que ha propiciado una redimensión de roles tradicionales entre el padre, anteriormente como único proveedor y los de la madre, tradicionalmente dedicada al trabajo doméstico, esquemas propios de una sociedad moderna en la que surge inicialmente el Estado de bienestar y desde donde se sustenta nuestro actual régimen de bienestar.

Existen dentro de los estudios, una serie de contribuciones sobre las causas que podrían haber suscitado estos cambios, pero en general, desde una perspectiva sociocultural, se puede decir que el acceso a la educación, por parte de las mujeres, ha sido un elemento que ha incidido directamente en el ingreso al trabajo extradoméstico, pues actualmente la mujer con mayor educación, mantiene otras expectativas distintas, además de ser esposa y madre.

Según los datos de Esteinou (2008) este tipo de mujeres suelen ser comunes en sectores medios o de altos ingresos y suelen estar expuestas a una mayor cantidad de modelos culturales, lo cual facilita los cambios. Otra de las circunstancias, sobre todo en las mujeres de niveles socioeconómicos bajos, es el ingreso al mercado de trabajo, que ha surgido en respuesta a las difíciles condiciones generadas por las crisis laborales y macroeconómicas que se enfrentan a nivel social.

Sin embargo, pese a que las mujeres participan más en el trabajo extradoméstico o remunerado, el rol de los hombres parece no ser todavía muy claro en la correspondencia y su trabajo doméstico, ya que es más bien considerado como una “ayuda”, más no como una corresponsabilidad. En la familia donde ambos padres trabajan, parece presentarse cierta flexibilidad en los roles, (Esteinou, 2008; Chant, 2007) más no supone un mejoramiento generalizado en las condiciones de equidad laboral a nivel doméstico entre la pareja, lo cual las lleva a tener que enfrentar una sobrecarga de tareas y la dificultad para conciliar los tiempos de trabajo con los tiempos para la familia (Esteinou, 2008 y CEPAL, 2005). Sin embargo, como lo precisa Esteinou, no se pueden generalizar las conclusiones: “La incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo ha tenido efectos heterogéneos con respecto a la estructura de roles y en la configuración de su horizonte simbólico de percepción” (2008, p. 202). 

En este aspecto, las políticas públicas podrían enfocarse más a propiciar un sano equilibrio de participación laboral de mujeres y hombres y a la conciliación por parte de ambos en el trabajo doméstico. La sociedad requiere de mayor participación de la mujer, y la familia requiere de mayor participación del hombre, es decir, políticas que lleven a una conciliación entre el trabajo doméstico y extradoméstico.

De igual manera, se pueden observar algunos otros elementos que han influido en la familia, en su configuración y reconfiguración actual, tal como pueden ser los movimientos migratorios, que presentan Jelin (2007) o Chant (2007), donde se presentan algunas características que describen los hogares de migrantes y de las ventajas de las remesas a nivel económico, pero Jelin (2007) en particular, no deja de ver las problemáticas inscritas al interior de las familias principalmente al aumentar las jefaturas femeninas.

Una de las demandas que más enfatizan los autores especialistas en la observación de estas transformaciones familiares, es que ya no es posible sostener por más tiempo políticas públicas que fueron diseñadas bajo otros esquemas sociales como el familiarismo, retomando el concepto de Esping-Andersen, y que hoy resultan insostenibles, lo que implica la creación de nuevas políticas enfocadas a nuevos riesgos sociales.

A través de este breve recorrido sobre las principales transformaciones de la familia, uno de los cambios que más ha impactado, es el ingreso de las mujeres al trabajo extradoméstico, ya sea por las crisis económicas, donde un solo ingreso no es suficiente; por el desarrollo educativo de las mujeres, por divorcio o separación, como consecuencia de algunos problemas relacionados con la migración, que además de presentar el incremento de su tiempo laboral total entre trabajo doméstico más el trabajo extradoméstico, repercute en una doble dirección: por un lado representa un impacto en la economía familiar que las coloca en una situación de alta vulnerabilidad y por otro, en el tiempo destinado al cuidado.

Dada la relevancia de estas dos repercusiones, se desarrollan a continuación algunas características de cada una de ellas.

Trabajo extradoméstico de las mujeres

La presencia de las mujeres en la esfera productiva, su creciente acceso al mercado laboral y su permanencia por largos periodos, son algunos de los cambios socioculturales más notables en las últimas décadas. Sin embargo “esta permanencia en el mercado laboral se caracteriza por concentrarse entre los empleos más precarios y sin protección social, los que aparecen más susceptibles de combinar las responsabilidades familiares que, en general (…) no son compartidas por los hombres” (Montaño & Milosavjevic, 2010, p. 22). Generalmente, se ubican no en una categoría de empleo decente, pues están principalmente ubicadas en sectores de baja productividad y por lo tanto de bajos salarios que muchas veces no cuentan con contratos definidos y en condiciones de gran vulnerabilidad. Se trata, en el mejor de los casos, de una inclusión laboral desventajosa que muestra una clara diferencia en la calidad de los empleos en cuanto a las posibilidades de acceso por parte de los varones (Montaño & Molosavjevic, 2010).

Hopenhayn (2007) coincide en estas características laborales de las mujeres: si bien, se ha ampliado el acceso de la mujer al trabajo remunerado, “persiste una discriminación que castiga a las mujeres, ya que a igual nivel educacional se perciben menos ingresos, tienen menor acceso a seguridad social (y más discontinuo) y mayor inestabilidad en el trabajo” (Hopenhayn, 2007, p. 70-71).

Paradójicamente, se puede observar que, si bien cabe destacar que “el trabajo remunerado de las mujeres ha hecho posible la reducción general de la pobreza, la proporción de hogares en situación de indigencia encabezados por mujeres aumentó de un 27% a un 40% entre 1990 y 2007” (Montaño & Molosavjevic, 2010, p. 24). 

El índice de feminidad de la pobreza muestra la desproporción de mujeres entre las mujeres separadas, viudas, solteras y de hogares monoparentales (…) a pesar de los logros educativos —las mujeres son más educadas que los hombres—. La participación de las mujeres en el mercado de trabajo en condiciones desventajosas afecta su autonomía económica e impide que los países se beneficien de la inversión realizada en educación, de su creciente participación laboral y de su papel activo en la comunidad (Montaño & Molosavjevic, 2010, pp. 24- 27). 

Ante estas desventajas de las mujeres en el mundo laboral, se hace un llamado a la necesidad de crear políticas públicas encaminadas a la revalorización de las aportaciones femeninas en el trabajo remunerado y no remunerado, pero sobre todo a la creación de políticas de conciliación entre la esfera familiar y vida laboral (Montaño & Molosavjevic, 2010; Arriagada, 2007), frente a los cambios en el mundo del trabajo y la familia. Ello implicaría que la política social debería cargarse más hacia la perspectiva de derechos que propone el universalismo, en lugar de residualizarse como hasta ahora se ha planteado. 

Ante lo presentado hasta el momento, se puede precisar un cuestionamiento: si una de las transformaciones familiares más importantes marca la tendencia hacia la introducción de la mujer en el mercado laboral y éste se da en condiciones precarias, ¿qué implicaciones podría tener en cuanto al cuidado de las personas con discapacidad?

Precarización del cuidado y personas con discapacidad

En cuanto al impacto que representa el ingreso de las mujeres al trabajo extradoméstico, es necesario considerar que en el cuidado están implícitas diversas dimensiones de análisis. El cuidado como se pretende mostrar en el presente apartado, no se limita, ni corresponde sólo a la familia, sino que la trasciende y se ve afectado por dimensiones económicas a nivel macro, relacionadas con el régimen de bienestar de nuestra sociedad, con las dinámicas socioeconómicas, con dimensiones políticas, donde están implicadas cuestiones de ciudadanía y derechos, así como con dimensiones culturales, en las que se muestran cambios en los procesos educativos de las mujeres, que entre otros factores, repercuten en transformaciones importantes en sus roles tradicionales.

En muchos sentidos, la CEPAL (2009) hace aportaciones muy importantes sobre el cuidado. En cuanto al aspecto económico y político, articula el tema del cuidado con las distintas maneras en que las sociedades latinoamericanas revelan una creciente concentración en la familia como una forma de asumir los riesgos sociales.

Esto exacerba, por una parte, las situaciones de vulnerabilidad de origen y, por otra, la desigualdad en la distribución de riesgos y responsabilidades a partir de los contextos familiares, dado que distintas familias cuentan con distintos recursos para enfrentar las situaciones internas de dependencia y de cuidado. Ello afecta no solo la salud de las familias, sino la sostenibilidad de los sistemas de protección social y la eficiencia de los mercados laborales (CEPAL, 2009, p. 228).

Principalmente las desigualdades sociales abren brechas en las redes de apoyo que dificultan el mantenimiento o la mejora del bienestar físico, material y emocional dentro de la sociedad, pero también se encuentran desigualdades importantes de género en tanto que la sobrecarga femenina y las barreras que representa la división sexual del trabajo, impiden el pleno derecho de desarrollo de las mujeres y de la sociedad en general. En este sentido la CEPAL propone y define que: 

El cuidado debe entenderse como un derecho asumido por la colectividad y prestado mediante servicios que maximicen la autonomía y el bienestar de las familias y los individuos, con directa competencia del Estado (…) las respuesta públicas para la atención de esta demanda deberían concebirse como una extensión lógica del papel del Estado lo que supone la existencia de ciertas obligaciones positivas entre las personas y grupos que precisan ayuda (2009, p. 228).

Sin embargo, el cuidado en esta perspectiva parecería plantearse como una relación de apoyo un tanto bidireccional entre el Estado y la Familia que deja fuera a otro actor involucrado en la problemática y que está directamente relacionado, es decir, del Mercado. Si nuestra política social actual tiende hacia el residualismo, el papel del mercado es dominante en este sentido, pues el derecho al cuidado no se podría considerar desde esta perspectiva, ya que dentro de una política residual el cuidado tiende a mercantilizarse, con las implicaciones propias de la desigualdad en el acceso al cuidado.

La atención del cuidado no es, o no debería ser una responsabilidad del Estado y la Familia solamente, sino que el Mercado debe tomar también su parte de responsabilidad en este sentido, ya que interviene directamente y afecta la relación entre el Estado y la Familia. Quiere decir, que la formulación del cuidado como derecho, situación en la que Gómez (2010) coloca un énfasis especial, implica el desafío de un reajuste a nivel de pacto social entre el Estado, el Mercado y la Familia, para que ésta última sea capaz de responder a un compromiso no solo con ella misma, sino también con un compromiso social, que es a su vez un compromiso compartido de la sociedad en general.

La CEPAL propone, además, la diferenciación en el cuidado principalmente entre personas de edad y las de los niños. Ciertamente hay distintas características y necesidades en cada uno de los grupos, sin embargo sería importante agregar en este punto a las personas con discapacidad y a sus cuidadores. Si bien existen distintos tipos de discapacidad y con muy variadas particularidades y posibilidades, en la mayoría de los casos se requiere de personal que esté constantemente supervisando o haciendo lo que ellos por sí mismos no pueden. Esto implica un grado de dependencia que varía en tiempo, como un factor importante a considerar. A diferencia de la niñez o de los adultos mayores que se ubican en cierto período, la situación de las personas con discapacidad puede ser por períodos cortos, lo cual implica algunos años, pero también puede extenderse a períodos bastante prolongados, incluso en ocasiones, durante toda la vida del individuo. En estas situaciones extremas, la familia se encuentra sometida a diversas presiones económicas, políticas y culturales que en muchas circunstancias no es capaz de responder y que ponen en riesgo su bienestar. Generalmente como bien lo menciona la CEPAL (2009), el cuidado recae principalmente en las mujeres y en el caso de quienes cuidan a personas con discapacidad puede implicar períodos bastante largos, sobre todo si se trata de sus propios hijos. Estas circunstancias obligan a pensar en la protección, no solo de las personas que requieren de cuidado, sino también para aquellos que se dedican al cuidado.

Es importante hacer un llamado a la normatividad en cuanto a la protección social en relación con las distintas dimensiones del cuidado, de tal manera que se cubran en un primer momento, los principios de igualdad y calidad de acceso a recursos de parte de quienes requieren cuidados y la distribución equitativa entre cuidadores y cuidadoras en la familia. Como segundo instancia, es importante considerar la universalidad de los servicios, prestaciones y beneficios dirigidos a personas que requieren cuidados y sus cuidadores y finalmente a la solidaridad entre generaciones, dode cabe prestar atención a las generaciones intermedias donde recae principalmente el cuidado tanto de niños como de personas mayores (CEPAL, 2009) y personas con discapacidad.

Considerando estas situaciones, es necesario definir políticas sociales que vayan acorde a las necesidades actuales en cuanto al cuidado. Como lo menciona Gómez, es necesario “repensar el acceso a las prestaciones sociales relacionadas con el cuidado como parte de una política de igualdad de oportunidades” (2010, p. 725).

El cuidado y la valoración de este tipo de trabajo, ha de considerarse como una forma de contribución a la sociedad (Gómez, 2010). Situación que en la actualidad es más importante, atendiendo a los cambios que presenta la familia en las últimas décadas, es decir, se encuentran con mayor frecuencia los hogares con jefatura femenina, existe un constante incremento en los divorcios, mayor desempleo e informalidad del mismo y la mayor participación de la mujer en mercados de empleo caracterizados por la informalidad y la precariedad. Ante estos cambios, no se plantea el regreso de la mujer al cuidado como alternativa, pues sería atentar contra el desarrollo de sus capacidades y a su derecho laboral, sino atender la crisis del cuidado, al abrir la responsabilidad al resto de los integrantes de la familia, especialmente a los varones, así como a la sociedad en general, quien debería de proveer de las políticas necesarias para poder evitar, o al menos minimizar, la tensión entre el cuidado y la integración laboral en las mujeres. 

Sin embargo, este planteamiento puede representar desafíos importantes en cuanto a la cultura patriarcal que todavía prevalece bastante en nuestras sociedades latinas (Hopenhayn, 2007), donde los roles tradicionales de la mujer siguen valorándose en función de la maternidad y el cuidado de los hijos. “Los costos económicos de la reproducción biológica y social de un país recaen desproporcionadamente sobre las mujeres en general y sobre los sectores más pobres” (CEPAL, 2009, p. 233), lo cual sigue marcando pautas de desigualdad importantes. Como excepción, se puede citar a un cierto porcentaje de mujeres que recibe un apoyo relativo al cuidado por parte de la sociedad, son mujeres que cuentan con un trabajo formal, pero que en ocasiones puede no ser tan efectivo: 

La presencia de las mujeres en la esfera productiva, su creciente acceso al mercado laboral y, en el caso de la región, su permanencia en éste a lo largo del tiempo es uno de los cambios socioculturales más notables de las últimas décadas. Esta permanencia en el trabajo en el mercado laboral se caracteriza por concentrase entre los empleo más precarios y sin protección social, los que aparecen como más susceptibles de combinar con las responsabilidades familiares, que en general (…) no son compartidas por los hombres (Montaño & Milosavljevij, 2010, p. 22).

En otro sentido, es notoria la ausen-cia de legislaciones que exigen la respon-sabilidad equitativa entre hombres y mu-jeres con respecto a sus hijos, sobre todo ante un hijo con discapacidad, dadas las demandas de tiempo y de cuidado que ellos requieren, independientemente de que se hayan divorciado o sean producto de rela-ciones libres o dentro del matrimonio, ya que este tipo de abuso y violencia hacia la mujer “afecta sus propias oportunidades de vida” (Gómez, 2010) y genera, finalmente, una serie de cuidados que se podrían deno-minar como precarios, que repercuten en el desarrollo físico y emocional de quienes cuidan; no propician una buena conviven-cia al interior de la familia ni en el resto de la sociedad. Este tipo de cuidados precarios se podrían relacionar directamente con el incremento de la violencia en la sociedad. 

Ante la discapacidad, los cuidados precarios se pueden relacionar con el in-cremento del maltrato, abandono o falta de atención, como factores violentos in-trínsecos y riesgos a los que se encuentran expuestos.

No corresponde hacer un análisis en este documento de la violencia, pero sí destacar que en la actualidad, la situación laboral de las mujeres, desprovistas de po-líticas sociales que concilien trabajo y sis-tema de cuidados, podría estar propiciando el incremento de la violencia social, parti-cularmente hacia las personas con disca-pacidad.

Cabe mencionar que todo el trabajo que implica el cuidado de nosotros mis-mos, como miembros de una sociedad, no es considerado como parte de una contribución económica a nivel nacional, sim-plemente queda invisible en las cuentas públicas. 

Esta invisibilidad: 

Tiene dos implicaciones centrales: por una parte incide directamente en las oportunidades de que las mujeres vean reconocida efectivamente su contribución a la comunidad (…) ya que el trabajo de cuidado no remunerado rara vez se asocia a los beneficios o prestaciones sociales que corresponden al estatus de ciudadano, pues dichos beneficios suelen considerarse a la participación en el mercado de trabajo formal y al tiempo efectivo de contribución al sistema de seguridad (…) El punto central aquí es que, en la medida en que son mujeres quienes realizan mayoritariamente el trabajo de cuidado y éste es económicamente invisible, la inequidad de género se reproduce a lo largo de la vida (Gómez, 2010, p. 720).

Particularmente, la inequidad en el cuidado y la división sexual del trabajo, se agravan en condiciones de crisis económicas o pobreza, donde las desigualdades de ingreso se incrementan, “en tiempos de crisis el desempleo continúa manifestándose con mayor magnitud para las mujeres” (Montaño & Milosavljevic, 2010, p. 12). No solo tendrán que enfocarse al trabajo informal, lo cual les permite arreglar con mayor flexibilidad el horario de trabajo y acomodarlo a las responsabilidades familiares domésticas y de cuidado (Montaño & Milosavljevic, 2010). Ante esta panorámica, las mujeres se ven doblemente afectadas, por un lado “deben intensificar el trabajo no remunerado (por otro) incrementando su uso del tiempo” (Montaño & Milosavlejevic, 2010).

Es necesario hacer énfasis en la importancia de redimensionar el cuidado no como una cuestión puramente privada hacia el interior de las familias y primordialmente por las mujeres, sino como una cuestión pública que atañe directamente a la cuestión social, por los riesgos implícitos en lo que actualmente implican los cuidados precarios. 

La participación de las mujeres en el mercado laboral no fue diseñada de tal forma que visualizara las diversas problemáticas implícitas con respecto al cuidado. Ahora se hace evidente que se debió haber realizado un proceso previo de equiparamiento a nivel institucional, organizacional y de políticas públicas para eliminar la presente tensión entre la articulación del cuidado y la participación laboral de las mujeres. 

Dentro de esta tensión entre el cuidado, particularmente hacia las personas con discapacidad y la participación laboral de las mujeres, habría que matizar ante las características propias de las personas con discapacidad.

Ciertamente existen personas con discapacidad, principalmente de tipo intelectual, que pueden presentar tal grado de limitación, que es prácticamente imposible que se incluyan laboralmente, ante esta situación de dependencia se requeriría de una intervención por parte del Estado para mediar los riesgos implícitos, sin embargo, de acuerdo con los estudios realizados por el INEGI (2004), se plantea que de cada 100 personas con discapacidad, solo 11 se encontraban incapacitados permanentemente para trabajar, pues el resto de personas con discapacidad se pueden incluir laboralmente. Esto significa que existe, desde una perspectiva de derechos, la posibilidad de conciliar, en la mayoría de los casos, el derecho a la inclusión laboral de las personas con discapacidad y el derecho laboral de las mujeres. La consecución de ambos derechos podría impactar no solo económicamente de manera positiva en los ingresos de la familia donde se cuenta con personas con discapacidad, sino en su bienestar en general

Hasta hoy, en México, la incapacidad para hacer valer plenamente sus derechos laborales, tanto de las mujeres como de las personas con discapacidad, ha propiciado procesos de exclusión social y cuidados precarios.

Esta situación ha llevado a la erosión de los diversos derechos ciudadanos, pero particularmente al derecho al trabajo, lo cual sitúa a todo sujeto en graves condiciones de vulnerabilidad o pobreza y sin poder contar con esquemas de protección social. Estas condiciones, han generado graves repercusiones no solo a nivel social, sino también al interior de las familias, en las mujeres y en las personas con discapacidad. 

La exclusión social “pretende describir situaciones generalizadas de privación de bienes y servicios para los trabajadores y sus familias, derivadas principalmente de la precariedad, la inestabilidad, la flexibilidad y la degradación de las condiciones prevalecientes del mercado del trabajo urbano” (Ziccardi, 2008, p. 83). 

Fuentes (2008) plantea, para el caso de México, una observación importante: la magnitud y complejidad de las transformaciones sociales rebasa con mucho la capacidad de las instituciones tradicionales y hace un llamado a explorar las nuevas formas de riesgos sociales. Este punto es particularmente importante, pues las instituciones son las encargadas de facilitar la socialización, de llegar a establecer los acuerdos necesarios para que la sociedad tenga orden y justicia.

Existe en la actualidad una diversidad de nuevos riesgos sociales, tal como lo plantea Castel (1997), estamos en un período de transición hacia una reestructuración de las relaciones de producción y de las relaciones internas suscitadas por estos cambios estructurales. Pero además, estamos asistiendo a una nueva generación de transformaciones sociales, suscitadas a su vez por cambios al interior de la familia y las nuevas formas de arreglos de las mismas.

Ziccardi y Fuentes hacen un llamado a la necesidad de un actor central que encabece nuevas estrategias de protección social. Para el caso mexicano, implicaría una reconfiguración del régimen de bienestar con un desplazamiento hacia el universalismo, que garantice los derechos de todos los ciudadanos, transversalizado por la perspectiva de la discapacidad.

Conclusiones

Actualmente el estado de bienestar mexicano tiene un carácter dual, con una tendencia hacia la residualización que dificulta la inclusión social de las personas con discapacidad ya que carece de una perspectiva de derechos, éstos quedan reservados para unos cuantos ciudadanos, pero no para las personas con discapacidad. Las dificultades para poder realizar la inclusión social de las personas con discapacidad son enfrentadas por las familias, cuyas transformaciones actuales, principalmente el ingreso de la mujer al trabajo extradoméstico, tienen repercusiones en el sistema de cuidado en el que se incluye a las personas con discapacidad. Ante la precarización del cuidado, se presentan nuevos riesgos sociales. 

Una posibilidad para poder conciliar la participación en el mercado laboral de las mujeres y el cuidado que hasta hoy demandan las personas con discapacidad, es la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Es una propuesta que permitiría conciliar el derecho laboral, tanto de mujeres como de personas con discapacidad.

Esta posibilidad requiere de retos estructurales importantes en el actual régimen de bienestar mexicano, pues implicaría una reconfiguración hacia el universalismo que asegure la cobertura social de todos los ciudadanos, pero que, además, esté transversalizado por la perspectiva de la discapacidad a fin de que puedan acceder a sus derechos en las mismas condiciones que el resto de la población.

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